La razón, explica Nicolás Olea, Socio de Administración de Riesgos Financieros de KPMG, es que quienes administran estos activos lo hacen de forma distinta y utilizan metodologías no estandarizadas para calcular los rendimientos, lo que impide compararlos directamente entre sí.
"La norma GIPS certifica al administrador del fondo, no al fondo en sí. Al inversionista le da cierto confort de que el administrador que está gestionando los fondos se adhiere a mejores prácticas mundiales. Es un estándar que, si se adopta de manera autorregulatoria, manda una señal al mercado de que los manejadores de fondos tienen estándares de calidad".
Los primeros interesados en cumplir con este paquete de normas voluntarias serán los manejadores, porque son justamente quienes conocen los títulos y composición de la cartera, realizan las operaciones necesarias, y calculan y publican los resultados. Todo administrador de fondos debiera considerar que cumplir con normas éticas y de transparencia es la mejor forma de dar confianza y retener a sus inversionistas, apunta.
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